Telegram ha actualizado discretamente su política para permitir a los usuarios denunciar chats privados a sus moderadores tras la detención del fundador Pavel Durov en Francia el mes pasado por «delitos cometidos por terceros» en la plataforma.
La aplicación de mensajería, que cuenta con casi 1.000 millones de usuarios activos mensuales, tiene fama desde hace tiempo de supervisar mínimamente las interacciones de los usuarios. El lenguaje anterior en la página de preguntas frecuentes decía que los chats privados estaban protegidos de las solicitudes de moderación. «Todos los chats y grupos de chat de Telegram son privados entre sus participantes. No procesamos ninguna solicitud relacionada con ellos», comenzaba la página de preguntas frecuentes.
El jueves por la noche, Telegram comenzó a implementar cambios en su política de moderación. «Todas las aplicaciones de Telegram tienen botones de ‘Informar’ que te permiten marcar contenido ilegal para nuestros moderadores, con solo unos toques», afirma la empresa en su página actualizada de preguntas frecuentes.
La plataforma también ha proporcionado una dirección de correo electrónico para las solicitudes de eliminación automatizadas, indicando a los usuarios que incluyan enlaces a contenidos que requieran la atención de un moderador.
No está claro cómo y si este cambio afecta a la capacidad de Telegram para responder a las solicitudes de las fuerzas de seguridad. La compañía ha cooperado anteriormente con órdenes judiciales para compartir cierta información sobre sus usuarios.
Telegram no respondió a una solicitud de comentarios.
Estos cambios de política se producen tras la detención de Durov por las autoridades francesas en el marco de una investigación por delitos relacionados con imágenes de abusos sexuales a menores, tráfico de drogas y transacciones fraudulentas.
En respuesta a su detención, Durov publicó en su canal de Telegram, criticando la acción: «Utilizar leyes de la era anterior a los teléfonos inteligentes para acusar a un director general de delitos cometidos por terceros en la plataforma que gestiona es un enfoque equivocado».
Argumentó que la práctica establecida para los países insatisfechos con un servicio de Internet es iniciar acciones legales contra el propio servicio, y no contra sus gestores.
Durov advirtió de que si se responsabilizara a los empresarios del posible abuso de sus productos, «ningún innovador construiría nuevas herramientas».
